El Acercamiento de las Grandes Empresas a un Modelo B Sostenible

"3 preguntas sobre Compliance Sostenible en el Contexto de la Reforma de la Norma de Carácter General Nº 386."

Por Juan Ignacio Pitta

El crecimiento en las demandas sociales y ambientales ha generado un mayor interés por parte de inversionistas y empresarios en lograr financiar proyectos que generan un impacto social o ambiental positivo. 

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En Latinoamérica y en Chile, el crecimiento en las demandas sociales y ambientales ha generado un mayor interés por parte de inversionistas y empresarios en lograr financiar proyectos que generan un impacto social o ambiental positivo. Dicho interés ha sido provocado a partir del fuerte dinamismo existente en Chile en la creación de organizaciones con fines de lucro y propósito social y/o ambiental. Dentro de estas organizaciones, las “Empresas B” o “B-Corps”, por su denominación en inglés, son las que han adquirido mayor renombre.

La comunidad de empresas B Corps forma un movimiento global de más de 3.000 compañías en 70 países y 150 sectores, cuya finalidad es que empresas con fines de lucro compitan por ser las “mejores para el mundo”. Según Sistema B, las Empresas B se sustentan en 4 pilares[1]:

  • Propósitos (Purpose-driven). Las empresas declaran ante la comunidad su objetivo de generar impacto positivo en personas y medioambiente.
  • Compromiso Estatutario. Las Empresas B deben incorporar ese objetivo a sus estatutos y convertirlo en exigencia.
  • Certificación B. Se someten a un proceso de auditoría integral que evalúa su modelo de negocio, gobernanza, prácticas laborales, ambientales, y su relación con proveedores y la comunidad.
  • Comunidad. Las empresas B integran un ecosistema mundial que ya tiene más de 500 miembros.
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La mayoría de las Empresas B en Chile, son pequeñas y medianas empresas que adquieren distintas estructuras legales ya sea como sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones o de responsabilidad limitada, no obstante, existen algunas organizaciones de mayor tamaño y sociedades anónimas abiertas, tales como Hortifrut, Administradora de Fondos Sudamerik, Patagonia, Natura, Caja Vecina y Parque del Recuerdo.

La Reacción de los Organismos Regulatorios:

Exigir Mayor Transparencia ESG por parte de Empresas Registradas.

El interés de las grandes empresas por formar parte de este movimiento global, sumado a otros factores, tales como los desafíos establecidos para el año 2030 emanados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) adoptados por los Estados Miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“PNUD”) y diversos acuerdos internacionales suscritos por Chile relacionados con la protección al medioambiente y el desarrollo sostenible[2], ha generado una reacción en los organismos regulatorios al buscar mayor transparencia en la información relacionada con políticas, prácticas y metas que, en materia social y de gobernanza (“ESG” por sus siglas en inglés), deban entregar las empresas registradas emisoras de valores, a fin de establecer instrumentos de fiscalización y medición objetiva.

Estas exigencias de información resultan consistentes con las crecientes necesidades sociales y ambientales de la sociedad, permitiendo además, no solo al mercado financiero – en especial los inversionistas de impacto – evaluar alternativas de inversión de manera eficiente, sino que además provoca que las grandes empresas midan su impacto a través de indicadores internacionales de responsabilidad social-corporativa, tales como los establecidos por Global Reporting Initiative, una institución independiente que creó el primer estándar de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad.

Incorporar nuevos parámetros de entrega de información exigibles a las empresas registradas, resulta consistente con las crecientes necesidades sociales y ambientales de la sociedad, permitiendo además no solo al mercado financiero – en especial a los inversionistas de impacto – evaluar alternativas de inversión de manera eficiente, sino que además provoca que las grandes empresas midan su impacto…”

La Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) ha reaccionado impulsado una reforma a la Norma de Carácter General Número 386 (“NCG 386”) con el objetivo de “modernizar y perfeccionar la información exigida en el reporte de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible” (en adelante, el “Reporte”) que las entidades inscritas en el Registro de Valores (principalmente Sociedades Anónimas Abiertas) deben remitir en su memoria anual. La reforma consiste principalmente en la incorporación de un cuestionario que abarca cerca de 50 ítems de información divididos en 3 áreas (Reporte Económico, Reporte Ambiental y Reporte Social), que todas las empresas registradas deberán responder e incluir en la memoria anual.

Actualmente, la CMF está llevando a cabo un proceso de consulta ciudadana para mejorar la propuesta normativa. Durante el proceso, han existido temas fundamentales que han generado distintas opiniones provenientes de las empresas inscritas en el Registro de Valores. A continuación, destacamos las principales interrogantes que han abierto un espacio para discusión y análisis durante el proceso de consulta ciudadana.

La CMF y el Compliance Sostenible:

3 preguntas sobre la Norma de Carácter General 386.

¿Es relevante para un inversionista de impacto la divulgación de la información exigida en el Reporte?

La gran cantidad de ítems y preguntas incorporadas en el cuestionario del Reporte busca establecer métricas cuantitativas que entregarán información sobre las medidas y procesos sostenibles incorporados por la empresa registrada, así como también respecto a de sus objetivos sociales, e involucramiento en el ecosistema. No obstante, a menos que el inversionista de impacto (o bien un organismo independiente especializado) realice un estudio comparativo de parámetros y una investigación global de las medidas sostenibles desarrolladas por las empresas, resultará complejo para dicho inversionista tomar una decisión sustancial de inversión, como lo haría un inversionista tradicional a través de métricas cuantitativas puramente financieras, las cuales, a diferencia de las métricas de impacto, son autosuficientes. Consideramos que la CMF debería analizar la posibilidad de establecer herramientas con parámetros comparativos, estadísticas y revisión de exigencias mínimas de cumplimiento que le permitan al inversor de impacto procesar la información que recibe a partir de los reportes de sostenibilidad.

¿La nueva exigencia regulatoria, debiese aplicar por igual a todas las empresas que se encuentran registradas en el Registro de Valores de la CMF?

Si bien todas las empresas que se encuentran registradas como emisores de valores deberán procesar y divulgar la información solicitada, no todas las empresas manejan un nivel de gestión ni administración de recursos para afrontar la carga regulatoria que implica el Reporte. Por ejemplo, no representa la misma carga en tiempos ni recursos, completar el Reporte para una empresa de retail, como para una pequeña empresa de factoring. Asimismo, no todas las preguntas del cuestionario son igualmente aplicables a todas las empresas registradas, por ejemplo, la dimensión medioambiental probablemente no resulte aplicable a una empresa de tecnología de la misma manera que respecto de una empresa minera o constructora.

Siguiendo la misma línea, si bien existe un convencimiento de que la incorporación de las prácticas en la gestión interna de las empresas generará externalidades positivas en el largo plazo, los costos de implementación de dichos procesos podrían no corresponder a los objetivos financieros que se plantean algunas de las entidades registradas, lo cual podría dar paso a que éstas tomen medidas menos costosas “solo para efectos de cumplir” y reportar en su memoria anual proyectos o cifras que no se condicen con las actividades y prácticas de gestión reales que la CMF busca que las empresas incorporen,  lo cual no resulta eficiente ni relevante para el inversionista, ya que se trata más bien de “medidas en el papel”, que no generan impacto.

Si bien las nuevas exigencias del Reporte buscan generar una comunidad más sostenible, consideramos que dichas exigencias deben ir acompañadas de políticas formativas, de más información y, eventualmente, de incentivos para las empresas, de tal manera que aquellas que son más “tradicionales” o que no tienen como objetivo principal adherir al denominado “Movimiento B”, entiendan la relevancia de incurrir en los costos necesarios para tomar medidas de impacto reales.

A través de las mesas de trabajo que ha llevado a cabo la CMF, se ha sugerido[3] un proceso de materialidad previo, de manera tal que las empresas deban reportar sobre aquellos impactos que sean pertinentes para la empresa, siguiendo la lógica GRI. En este sentido, en aquellos casos en que el indicador no sea material para la empresa, se debería poder señalar y no responder al indicador.

¿Quién fiscaliza el cumplimiento de las respuestas dadas por las empresas? 

Otra de las grandes aristas de la reforma, dice relación con la falta de fiscalización efectiva proveniente de la autoridad regulatoria respecto de la información reportada. Según lo que señalamos anteriormente, no existen incentivos, más allá del mercado, para mejorar las prácticas ESG, pero tampoco un castigo o sanción por adoptar prácticas de nulo o escaso impacto positivo. Tampoco existe un esquema de comply or explain que exija a una empresa que se encuentre bajo ciertos parámetros, explicar los motivos de deficiencia, lo cual podría provocar un desentendimiento regulatorio.

Mirada en Prospectiva:

El Acercamiento de las Empresas al “Movimiento B”.

Existen grandes similitudes entre las consultas que se registran en el cuestionario de Evaluación de Impacto para el proceso de certificación de Empresas B, con la incorporación de las nuevas preguntas e indicadores que se deberán responder en el Reporte. Más allá de que la normativa se encuentre en consulta y existan aún aristas por definir, se está generando un paso importante hacia el compliance sostenible, considerando que la mayoría de las empresas registradas son grandes empresas que activan la economía nacional, generan empleo y cuyas prácticas deben servir de ejemplo para las medianas y pequeñas empresas, en un país necesitado de empatía social y colaborativa, e inmerso en un mundo necesitado de consciencia ambiental.

Ante una sociedad que exige cada vez prácticas y estándares más altos a las empresas, en especial en temas sociales y medioambientales, es de esperar que la autoridad contribuya a potenciar y fomentar dichas prácticas, evitando crear burocracias que terminen desincentivando su implementación o bien obligando a su adopción por imposición.

Por Juan Ignacio Pitta de Egaña Abogados


[1] Obtenido de Sistema B: https://sistemab.org/el-movimiento-b-avanza-en-cordoba-argentina/

[2] Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), Convención de Basilea, Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje, Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Convenio de Rotterdam, Convenio de Minamata, entre otros.

[3] PwC: “Conclusiones de mesas de trabajo 9 de enero de 2020” Encuentro organizado por PwC en conjunto con Sistema B y la CMF.